A 32 años de aquella madrugada de 1976, en la que asumió como interventor militar en Tucumán, Antonio Domingo Bussi se sentó finalmente en el banquillo de los acusados por haber cometido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Ya habían transcurrido 1.754 días de arresto desde el 15 de octubre de 2003 -día en que el ex juez federal Jorge Parache dispuso su prisión preventiva-, cuando el ex gobernador enfrentó la primera audiencia del juicio oral y público por el secuestro y la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse.
En el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en Tucumán, Bussi evidenció siempre una actitud confrontativa y ajena al arrepentimiento. Desde ese momento, además, quedaron en evidencia sus problemas de salud. De hecho, el martes 5 de agosto de 2008, la lectura de cargos en el primer día de juicio se suspendió porque el ex militar debió ser internado.
Las audiencias se reanudaron el viernes siguiente. Tres veces interrumpió la lectura del documento que presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, ahogado en lágrimas: en dos oportunidades, estaba refiriéndose a su salud y agradecía la atención de los médicos tucumanos; en la otra aseguraba que más de 40.000 o 50.000 personas le pidieron que continuara conduciendo la provincia en diciembre de 1977, cuando fue relevado del cargo.
A medida en que avanzaba su relato en el proceso, el ex gobernador fue creciendo en compostura y firmeza. Habló más de 40 minutos y remarcó que su procesamiento implicó una violación de principios jurídicos universales, como el de juez natural, cosa juzgada y la prescripción, lo que invalidaría todo lo actuado. A partir de ese día, las audiencias se fueron desarrollando envueltas en la tensión y bajo una persistente movilización de organismos de derechos humanos y partidos políticos de izquierda en las inmediaciones del Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
En más de una ocasión, además, Bussi desató la polémica por sus dichos, como cuando tildó al senador provincial de "perejil y buchón". El jueves 28 de agosto de ese año, Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a cadena perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua al ser hallados coautores mediatos de la desaparición del ex senador peronista. Puntualmente, fueron sentenciados por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos reiterados, desaparición forzosa, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio, cargos que el tribunal consideró de lesa humanidad.
No obstante, el TOF difirió para más adelante su decisión sobre el lugar de detención, ya que la fiscalía había solicitado que cumplieran su pena en cárceles comunes y que no fueran beneficiados por la prisión domiciliaria. Desde ese día, Bussi cumplió su condena en un country de Yerba Buena. La pena quedó firme a fines de 2010 y, en mayo de este año, el Tribunal confirmó el beneficio del arresto domiciliario. Semanas después, el ministro de Defensa de la Nación, Arturo Puricelli, ordenó que tanto Bussi como Menéndez fueran dados de baja de las filas del Ejército y perdieran su rango militar.
Bussi nunca más fue juzgado. Por su estado de salud fue apartado de un juicio: en 2010, en la causa "ex Jefatura de Policía I". Desde ayer, debía sentarse nuevamente como acusado en el marco de la causa "Aguirre".
Ya habían transcurrido 1.754 días de arresto desde el 15 de octubre de 2003 -día en que el ex juez federal Jorge Parache dispuso su prisión preventiva-, cuando el ex gobernador enfrentó la primera audiencia del juicio oral y público por el secuestro y la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse.
En el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en Tucumán, Bussi evidenció siempre una actitud confrontativa y ajena al arrepentimiento. Desde ese momento, además, quedaron en evidencia sus problemas de salud. De hecho, el martes 5 de agosto de 2008, la lectura de cargos en el primer día de juicio se suspendió porque el ex militar debió ser internado.
Las audiencias se reanudaron el viernes siguiente. Tres veces interrumpió la lectura del documento que presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, ahogado en lágrimas: en dos oportunidades, estaba refiriéndose a su salud y agradecía la atención de los médicos tucumanos; en la otra aseguraba que más de 40.000 o 50.000 personas le pidieron que continuara conduciendo la provincia en diciembre de 1977, cuando fue relevado del cargo.
A medida en que avanzaba su relato en el proceso, el ex gobernador fue creciendo en compostura y firmeza. Habló más de 40 minutos y remarcó que su procesamiento implicó una violación de principios jurídicos universales, como el de juez natural, cosa juzgada y la prescripción, lo que invalidaría todo lo actuado. A partir de ese día, las audiencias se fueron desarrollando envueltas en la tensión y bajo una persistente movilización de organismos de derechos humanos y partidos políticos de izquierda en las inmediaciones del Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
En más de una ocasión, además, Bussi desató la polémica por sus dichos, como cuando tildó al senador provincial de "perejil y buchón". El jueves 28 de agosto de ese año, Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a cadena perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua al ser hallados coautores mediatos de la desaparición del ex senador peronista. Puntualmente, fueron sentenciados por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos reiterados, desaparición forzosa, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio, cargos que el tribunal consideró de lesa humanidad.
No obstante, el TOF difirió para más adelante su decisión sobre el lugar de detención, ya que la fiscalía había solicitado que cumplieran su pena en cárceles comunes y que no fueran beneficiados por la prisión domiciliaria. Desde ese día, Bussi cumplió su condena en un country de Yerba Buena. La pena quedó firme a fines de 2010 y, en mayo de este año, el Tribunal confirmó el beneficio del arresto domiciliario. Semanas después, el ministro de Defensa de la Nación, Arturo Puricelli, ordenó que tanto Bussi como Menéndez fueran dados de baja de las filas del Ejército y perdieran su rango militar.
Bussi nunca más fue juzgado. Por su estado de salud fue apartado de un juicio: en 2010, en la causa "ex Jefatura de Policía I". Desde ayer, debía sentarse nuevamente como acusado en el marco de la causa "Aguirre".